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Esta inquietante cuestión, asomaba estos días en los medios de comuncación españoles, poniendo en tela de juicio el futuro de la financiación europea. Un mazazo que golpea la credibilidad y la imagen de nuestro país, a modo de dura reprimenda del Parlamento Europeo.

Lejos de crear una psicósis colectiva ante este hipotético caso, es cada vez más necesario, que tanto ciudadanos como agentes sociales y económicos, reconozcamos y persigamos, aquellos abusos que desbarajustan, de forma disparatada, el litoral español y también el interior, obviando su alto valor medioambiental.

En este aspecto, nuestra región es una de las zonas mediterráneas donde la recalificación a prueba de talonario y la invasión despiadada de construcciones, son una sucia y terrorífica rutina.

Con todo esto, y es de buen enseñado no generalizar, aún quedan empresas de la construcción cuya práxis es legal y correcta, aunque su imagen queda enmascarada por el 'buenhacer' de sus colegas.

A pesar de esta idefensión, la Administración y la Justicia llevan a cabo, en ocasiones, pequeños conatos de eficacia que amedrentan a la clase mejor situada en el cénit de esta corruptela de opereta.

Esperemos que el ralentí que la crisis económica inyecta en este fenómeno, deje de ser un mero espejismo, y no sirva de barbecho para los encementados bolsillos de los despiadados.

Señores políticos, dejen por un momento su deseo de poder, y piensen que el futuro de nuestra tierra no pasa por su venta a precio de saldo.